El propio ministro español de Hacienda del PP, el entonces caza-catalanes Cristóbal Montoro, después de mucho indagar e investigar, llegó a la conclusión, y lo publicó, que ningún acto del "procès", ni la propaganda electoral, ni los actos ni las votaciones de referéndum, etc., se habían financiado con fondos públicos.
Y varios tribunales de justicia europeos han declarado que, no habiéndose producido ningún acto de violencia (y no la hubo por más que lo griten los chimpancés españolistas), lo ocurrido en octubre del 2017 para nada puede clasificarse como "rebelión" que, para serlo, ha de ser "armada".
¿Pero a ellos, a los hidalgos jueces castellanos, qué, eh?. Ellos han decidido acusar a los presos políticos catalanes de rebelión, sedición y/o malversación, y adelante con las hachas.
Y a mandarlos a la cárcel, donde ya llevan muchos meses sin juicio previo, por muchos años. Y gracias que no los hagamos fusilar, que esto ahora ya no se lleva, que si no...
Coronel Von Rohaut
(PS) Imagen superior, el Tribunal Supremo.
Imagen inferior, el Borbón con sus esbirros judiciales.
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