Nunca mejor expresada la felonía de un ministro español y la corrupción moral de todo un gobierno

Reproducción de un artículo del catedrático castellano Ramón Cotarelo:

"El gobierno de Rajoy tiene ya la maloliente honra de haber sido el más corrupto, desvergonzado, autoritario e inepto de la historia de la transición. Pero, dentro de él, desglosando personajes, el que se lleva la palma de todas esas cosas y varias más, es el ministro del Interior. Y ya es difícil, con la competencia que le hicieron auténticos portentos de  incompetencia como Ana Mato; de beaterío, como Ruiz Gallardón; de granujería clerical, como Wert, etc, etc.

El equipo de interior, básicamente formado por Fernández Díaz e Ignacio Cosidó, ha sido, desde el primer momento, una continua conspiración en contra de las libertades públicas y la seguridad ciudadana, del principio de la aconfesionalidad del Estado y de la convivencia jurídicamente ordenada  de las personas. La Ley de Seguridad Ciudadana (mejor llamada Ley Mordaza) es una norma autoritaria, represiva, injusta que nada tiene que envidiar a la legislación de orden público del franquismo. Está hecha para garantizar la impunidad de la policía en casos de desmanes, impedir que la población puede ejercitar los derechos que la Constitución le otorga, hostigarla con sanciones absurdas y desproporcionadas e impedirle el acceso a la tutela judicial desde el momento en que expande la competencia sancionadora de la administración a límites insoportables. Es una ley no solo franquista sino fascista y cuya función consiste en dejar a la gente indefensa frente a las demasías de los poderes públicos porque se completaba con las reformas también fascistas que quiso hacer el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón para impedir que los justiciables tuviéramos acceso a los tribunales, a base de incrementar las tasas hasta hacerlas inalcanzables.

El ministro, un sectario del Opus Dei, un fanático incapaz de distinguir entre sus conviciones personales -que deben permanecer en el ámbito privado- y su proyección pública, ha salpimentado sus pintorecas manifestaciones oficiales con declaraciones de un nivel tal de beaterío y clericalismo (siempre en pro de la Iglesia católica, la única "verdadera" a su limitado juicio) que hubiera hecho las delicias del Valle Inclán de la Corte de los milagros. Sostiene que un ángel del cielo le ayuda a estacionar su vehículo, como ayudaba a San Isidro a arar los campos, y no sé qué santa está a su lado en los momentos difíciles. Sin duda en agradecimiento a la intercesión de las potencias celestiales, ha procedido a condecorar con diversas medallas y honores civiles y policiales a algunas vírgenes, vale decir, unas tallas de madera policromada de las que este sectario es muy devoto con la misma fuerza y razón con que ciertas tribus primitivas veneran y engalanan sus tótems.

No se crea que este curioso delirio es privativo del personaje. Lo comparte con un político del bando teóricamente contrario, el PSOE, José Bono, otro comecirios, con quien complotó para colgar en las paredes del Congreso una imagen de una monja milagrera que también hace entrar en trance místico al sedicente socialista. En todo caso, todas estas actividades, ritos, conjuros y supersticiones se han financiado con dinero público.

Y ahí es donde ya empieza a traspasarse la frontera entre lo meramente psicótico y lo presuntamente delictivo. Emplear fondos públicos para cultivar las devociones privadas será muy salutífero para el alma de este buen hombre, pero tiene toda la pinta de constituir malversación de fondos. El ministro del interior es muy libre de llenar de hojalata los pechos de las once mil vírgenes o de encargar óleos de las monjas que le parezca... pero con su dinero y en su casa. No con el de todos y en las instalaciones de todos.

Recientemente el país ha tomado conocimiento, gracias a unas grabaciones de unas conversaciones entre este ministro y el responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña en el año 2014 en las que se han traspasado todas las fronteras y los límites de la legalidad. El contenido de esa sórdida actividad conspiratoria entre un ministro y un alto funcionario, que ya obra en poder de la fiscalía, es, sencillamente alucinante. Según tales conversas, Fernández Díaz y el de la Oficina Antifraude, conspiraron para fabricar escándalos que arruinaran las carreras de rivales políticos atribuyéndoles la comisión de delitos sin pruebas y comunicando estos infundios a periodistas y gacetilleros a sueldo en los periódicos adictos a sus personas y faltriqueras.

Que un ministro cuya función es velar por la seguridad de los ciudadanos que le pagan el sueldo utilice los dineros y demás recursos públicos para acusar falsamente a políticos de otras tendencias es un delito que convierte a este ministro en un delincuente. De momento, presunto, y cuando la causa se vea, quedará claro en sede judicial si también lo es de modo incuestionable.

De momento, con el contenido de esas vergonzosas conversaciones a la vista, el Parlamento catalán ha destituido fulminantemente al jefe de la oficina antifraude que se jactaba ante el ministro de haber destrozado la sanidad pública de los catalanes. Muy bien hecho. Y si el gobierno de España tuviera un adarme de dignidad haría lo propio con ese ministro absolutamente indigno de ocupar el cargo que ocupa. 

Pero eso no pasará porque el gobierno de España responde a la misma pauta moral e intelectual de sus miembros, incluido este.

Y como resulta que la presunta actividad delictiva del ministro iba expresamente dirigida a sabotear el movimiento independentista catalán, difamando y calumniando a sus protagonistas, este presunto delito alcanza niveles de auténtica irresponsabilidad. Es un caso clamoroso de falta de lealtad, prácticamente de traición. Y lo que no se entiende es cómo piensan estos felones contrarrestar la marcha de Cataluña hacia la independencia a base de comportarse como auténticos delincuentes con sus políticos."

Coronel Von Rohaut